15-12-2006 | Noticias | Consejo  
     
  Resolución 528/06 del Consejo de la Magistratura  
     
     
  Con motivo de haber tomado conocimiento de la Resolución 528/05 aprobada por el Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la que reglamenta el Registro de Auxiliares de la Justicia elaborado unilateralmente por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado, y al respecto informa que:

El nuevo ordenamiento no obstante que tendrá efecto solamente para los profesionales que actúan como auxiliares de la justicia en los tribunales nacionales y federales de todos los fueros con sede en la Capital Federal, preocupa a las autoridades y matriculados de este Consejo Profesional dado que constituye un acto de discriminación que agravia a un número importante de graduados en ciencias económicas.

En efecto, no resulta entendible que no se tenga en cuenta que para ejercer eficazmente las funciones de Administrador, Interventor, Interventor informante o veedor, en la mayoría de los casos es imprescindible que el designado cuente con los conocimientos propios de los graduados en ciencias económicas. Así lo requiere el propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando señala en el apartado Disposiciones comunes a toda clase de intervención que “la designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá...”.

Por otra parte el nuevo reglamento desconoce o minimiza también lo dispuesto por la Ley 20.488 sobre la competencia de cada título para desempeñar funciones en el ámbito judicial, así como a la Ley de Educación Superior N° 24.521 que claramente establece la habilitación para el ejercicio profesional con alcance nacional de los títulos con reconocimiento oficial emitidos por Universidades Nacionales dentro de sus respectivas incumbencias.

La prohibición de integrar las listas para las designaciones de oficio como Administrador o Interventor (judicial, recaudador e informante), hasta tanto no sea aprobado por el Consejo de la Magistratura un reglamento para los graduados en ciencias económicas a través del proyecto que deberá realizar el Consejo Profesional, previo convenio con el Colegio Público de Abogados que contemple una equilibrada integración de las listas entre ambas profesiones, afecta legítimos derechos adquiridos y por otra parte resulta arbitraria, dado que no encontramos en los considerandos de la Resolución 528/05, argumentación alguna de la que se pueda inferir que la actuación de los graduados en ciencias económicas haya atentado contra la transparencia de las actuaciones judiciales o afectado el equilibrio entre las designaciones que realizan los señores magistrados de los distintos fueros, que el nuevo ordenamiento pretendería corregir.
 
             
     
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