06-02-2013 | Noticias | Consejo  
     
  Del escritorio del Presidente  
     
 
 
 
  Compartimos un adelanto de la RePro 71 del mes de febrero, las palabras de nuestro Presidente, Dr. Alfredo Avellaneda, en la editorial de la revista.

Una cuestión gravitante


Desde hace largo tiempo, en nuestra Memoria Anual, venimos señalando la necesidad de contar con una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

En el Informe Económico de Coyuntura (RePro n° 69 – octubre de 2012) abordamos la relación fiscal Nación-Provincias, con abundante información que contiene referencias históricas, diferentes elementos conceptuales y datos cuantitativos.

Posteriormente, el 22 de noviembre, en las V Jornadas Provinciales del Sector Público, se hizo un detenido análisis del Sistema de Coparticipación Fiscal y Financiamiento Provincial.

Tales hechos ponen de manifiesto la especial importancia que le concedemos a esta temática.

Es que resulta imposible desconocer que nuestra Provincia tiene casi el 39% de la población total del país y aporta el 40% de los recursos que recauda la Nación, recibiendo tan solo el 20% de la coparticipación federal.

Ello ante un marco de crecientes demandas sociales en materia de salud, educación, seguridad y justicia, entre otras.

Es por esto que pensamos debe darse un amplio debate, evitando caer en el planteo de una antinomia Nación- Provincias, sino que, por el contrario, promoviendo una decidida participación de todos los actores, podrá lograrse que se dé acabado cumplimiento al mandato constitucional que, en la Reforma de 1994, ordenó hacer un nueva ley convenio, a la fecha no cumplimentada, que debía formalizarse antes de finalizar el año 1996.

Resulta imprescindible entonces que el debate permita traducir en hechos concretos lo que la Carta Magna dispone en su artículo 75 inc. 2 cuando expresa que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa y solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
 
             
     
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