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Solicitamos la derogación de la RG AFIP 4838/2020

Solicitamos la derogación de la RG AFIP 4838/2020

Informamos a la matrícula y a la sociedad en general el inicio de un reclamo administrativo para solicitar la derogación de la Resolución General 4838 (B.O. 20/10/2020) mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”. Dicho reclamo también fue realizado por los otros 23 Consejos con los que conformamos la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, desde los Consejos y desde la FACPCE, hemos realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa. Sin éxito en nuestro objetivo, recurrimos ahora a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta.

En nombre de nuestros matriculados, consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita.

Resulta inadmisible y atentatorio contra la ética profesional que se pretenda colocar al profesional que asesora en temas tributarios como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional.

La obtención de pruebas de evasión o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales.

Atento a que las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus derechos, que consideramos transgredidos.