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Senado sanciona blanqueo para reactivar obra privada: guiño a ley de Ganancias vía Consenso Fiscal

Senado sanciona blanqueo para reactivar obra privada: guiño a ley de Ganancias vía Consenso Fiscal

La iniciativa ya cuenta con el aval de Diputados y otorga amplios beneficios fiscales. El recinto será comandado esta vez por la titular provisional del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala, debido a que Cristina de Kirchner reemplaza a Alberto Fernández en el Ejecutivo por el viaje oficial a México.

El Senado convertirá en ley un proyecto clave para apalancar la economía y apaciguar los efectos de la pandemia del coronavirus: un blanqueo exprés que reactiva la obra privada. También las ampliaciones e instalaciones, así como los emprendimientos que posean un grado de avance inferior al 50% de su finalización.

La Cámara alta esta vez no estará comandada por Cristina de Kirchner, quien reemplaza a Alberto Fernández por el viaje oficial a México. En su lugar estará la ultra K y titular provisional, Claudia Ledesma Abdala, quien será ratificada en dicho cargo una hora antes de la sesión especial donde avanzarán varias leyes.

Desde las 14, en el recinto del Senado también se avalaría la continuidad del radical Martín Lousteau como vicepresidente del cuerpo, así como del misionero K Maurice Closs y la legisladora macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), como vicepresidentes primero y segunda de la Cámara alta, respectivamente. Mismo caso iría para secretarías administrativas y parlamentarias.

Una hora más tarde se espera la sesión especial para sancionar la iniciativa sobre obra privada, que también apunta a las viviendas sociales abandonadas, situación no contemplada en el proyecto original que envió el Ejecutivo y que la oposición logró incorporar en la Cámara baja.

El proyecto habla de exenciones sobre Bienes Personales, Transferencia de Inmuebles, etcétera. Quienes ingresen al blanqueo sí deberán pagar un impuesto especial del 5% de lo que se declare si dicho acto se realiza dentro de los 60 días de entrada de vigencia de la ley.

Si se superan esos días, habrá un lapso de un mes extra, pero el pago será del 10%. Si se duplica dicha espera, el recargo llegará al 20% del total declarado. La cifra en cuestión no podrá tomarse como pago a cuenta de Ganancias.

Días atrás, durante su debate en un plenario de comisiones, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, se refirió a dos beneficios. Para los cumplidores, “los contribuyentes que venían declarando todos sus activos en bienes personales”, tendrán “dos años de exención y un crédito fiscal del 1%”, además de “otro que es muy solicitado por la industria y que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias: diferir el pago al momento que esa persona que transfirió el inmueble para la construcción realmente tenga una ganancia”.

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli planteó la importancia de lograr un acuerdo con formadores de precios que producen bienes para el sector, para evitar aumentos de precios de insumos de la construcción. “Hay sectores que cuando el Estado ayuda, se aprovechan para obtener más rentabilidad”, advirtió.

Consenso Fiscal

El Senado votará también esta tarde el nuevo Consenso Fiscal, firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores -oficialistas y opositores-, que permite subir más los impuestos locales durante el año electoral y desvirtúa aún más la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos.

La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta trifulca, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.

El alivio por el renovado Consenso Fiscal va en línea con lo que sería “quitado” en caso que avance el mes próximo el proyecto para subir el piso de Ganancias, un impuesto coparticipable.

Embajadores y combo

El pleno de la Cámara alta también está en condiciones de dar luz verde a los pliegos de los embajadores argentinos en China, Sabino Vaca Narvaja; Cuba, Luis Ilarregui; y Bolivia, Ariel Basteiro.

Por otra parte, avanzarán sin problemas las sanciones de dos iniciativas. Una es la que establece que el área de Ciencia y Tecnología pase de un financiamiento de prácticamente de 0,28% del Producto Bruto Interno actual al 1% del PBI en 11 años.

El otro proyecto es el que otorga, por única vez, un beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, “importando la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. En Diputados, la oposición criticó el olvido del Estado sobre la tragedia ferroviaria de Once.

Presión económica exprés
La ley que sancionará hoy el Senado apunta a la obra privada nueva, así como a ampliaciones e instalaciones, entre otras variantes. También abarca a las que posean un grado de avance inferior al 50%.

El proyecto también servirá de palanca para las viviendas sociales abandonadas, situación no contemplada en el texto original que envió el Ejecutivo y que la oposición logró incorporar en la Cámara baja.

La iniciativa habla de exenciones sobre Bienes Personales y Transferencia de Inmuebles, entre otros tributos, pero habrá un impuesto del 5% de lo declarado dentro de los 60 días de vigencia de la ley.

Si se superan esos días habrá un lapso de un mes extra, pero el pago será del 10%. Si se duplica dicha espera, el recargo llegará al 20% del total declarado.

Durante su debate en el Senado, el oficialismo pidió a las provincias que adhieran a la ley para evitar contradicciones entre las eximiciones de tributos federales con la ampliación de impuestos locales.

No serán tenidas en cuenta las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.